Fundadora del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, Blanca muestra el pequeño altar que guarda en honor a su hija, una comunista ejecutada a los 15 años por paramilitares.
LEONARDO WEXELL SEVERO / COMUNICASUL
TRADUCCIÓN: MAURICIO AVILE ALVAREZ
Su nombre es Blanca Nubia Días, tiene 73 años, vive en una humilde casa en el barrio Socorro, en las afueras de Bogotá, y nos recibe con un abrazo fraterno y una mascarilla contra la pandemia.
Más que llegar a la capital huyendo de la muerte o la “desaparición” – como parte de los 7,5 millones de colombianos obligados a dejar sus tierras por la acción de terratenientes, paramilitares y narcotraficantes – Doña Blanca llegó hace 25 años para luchar por la verdad y la justicia para su marido y su hija. El líder social Rubén Antonio Loperena fue ejecutado con cinco tiros en la cabeza en 2000 y su hija, Irina del Carmen Villero Díaz, fue asesinada un año después. Son dos entre tantos ejemplos de abnegación y generosidad que Colombia rescatará en este nuevo tiempo. Por haber sido declarados “crímenes de lesa humanidad”, no prescriben.
“VIOLADA POR OCHO PARAMILITARES”
La siempre dispuesta y alegre militante de la Juventud Comunista de Colombia (JUCO), luchadora contra el narcoestado, defensora de la reforma agraria y la justicia social, se fue de casa para no volver con apenas 15 años. Según testigos, “eran ocho paramilitares que uno tras otro la violaban” en la zona de Cuestecitas, en el municipio de Albania, departamento de La Guajira. Luego de ser abusada con refinamientos de crueldad, fue asesinada por paramilitares al servicio de las fuerzas de seguridad de los gobiernos – de Colombia y de Estados Unidos, por regla general asesorados por militares israelíes. Siguiendo la orden, fue descuartizada y enterrada en un lugar de difícil acceso el 26 de mayo de 2001.
A partir de entonces fueron cuatro meses de búsquedas incesantes e incansables, ya que “cualquiera que pudiera dar la menor pista era amenazado con correr la misma suerte”. Aun después de haber logrado dar con el paradero del cuerpo de Irina, doña Blanca tuvo que abandonar La Guajira por un ultimátum. Era quedarse y morir. Ella y la familia. Así de simple, un camino sin retorno.
Indígena, fue recién en 2010 cuando finalmente tuvo acceso al cuerpo de su hija, realizándose el entierro en agosto del mismo año según el ritual Wayúu.
Emocionada, nos cuenta que denunció la violación y asesinato de Irina ante el Ministerio Público local en Maicao, pero quedo por eso. Peor. El 28 de julio de 2011, dos hombres se acercaron a su nieto en Bogotá y lo amenazaron: “Conocemos a tu mamá y sabemos de tu abuela Blanca Nubia, a qué se dedica y con quién anda”. “Hicieron de todo para silenciarnos”, informó, pero seguimos adelante.
El 2 de septiembre de 2016, según denunció “fui nuevamente amenazada”. Esta vez por un agente legal o ilegal que, con un cuchillo, incluso arrancó un botón que recordaba la lucha contra la desaparición forzada y advertía: “Si sigues jugando, te cortamos en pedacitos”.
Y las intimidaciones continuaron con su secuestro el 13 de enero de 2018 por parte de desconocidos que la obligaron a subir a una camioneta, y la amenazaron nuevamente. Luego de unas horas la dejaron frente al Centro Nacional de Memoria Histórica. “Me pusieron un trapo en la boca, me llamaron ‘guerrillera Sapa’, me cortaron el pelo y me abandonaron. Después de aparecer toda ‘trasquilada’, las Brigadas de la Paz me llevaron a un salón de belleza”, relató.
Frente a tantos y tamaños atropellos, Doña Blanca ya hizo oír su voz colombiana en las más variadas instancias como la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y la Fiscalía General de la Nación y los Tribunales de la Guajira.
“NIÑAS CON UN DISPARO EN LA CABEZA”
Frente a un altar casero, la señora receptiva recordó que “esa noche que se llevaron a mi hija mataron a más niñas y desaparecieron varias más. Los cuerpos que fueron encontrados tenían disparos en la cabeza. Habían sido cortados y enterrados en bolsas de plástico”.
Agarrando con fuerza una tarjeta en la que está impresa la foto de Irina y la denuncia contra los paramilitares, Blanca dice tener “fe y esperanza en una nueva Colombia”, pero también mucha voluntad de actuar colectivamente para que las transformaciones finalmente sucedan. Por eso trabaja para sobrevivir haciendo artesanías y bolsos indígenas, aprovechando el tiempo que puede para trabajar con la comunidad. “Tengo este pequeño altar y todos los años organizo también una actividad en su memoria, que es una forma de luchar para que no vuelvan a ocurrir crímenes como este”, agregó.
Pero, lamentablemente, expone, el actual gobierno de Iván Duque mantuvo la misma brutalidad y cobardía hacia la oposición y, particularmente, contra la juventud, como lo demuestra la ejecución de otro familiar: Duvan Felipe Barros. Antes de ser asesinado, fue brutalmente torturado por policías de la Tropa de Choque el 5 de junio de 2021 durante una manifestación en el Portal das Américas, hoy Portal de la Resistencia.
Duvan, de 17 años, hijo de Dolores Cecilia Barros Gomes – sobrina de Blanca – fue visto por última vez durante una protesta contra la política de sumisión de Duque al Fondo Monetario Internacional (FMI). Su cadáver fue reconocido un mes y seis días después. Debido al terrible maltrato al que fue sometido, la policía solo entregó el cuerpo cuando ya se encontraba en descomposición. “Pero aun así, las torturas eran visibles, indescriptibles”, dijeron los familiares entre lágrimas.
CONFIANZA EN PETRO Y FRANCIA
La verdad, explica Blanca, “es que siempre ha habido una pandilla de delincuentes en el poder, uno tras otro. Ahora tenemos confianza en que en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez [presidentes y vicepresidentes recién electos] se hará justicia y se acabará la impunidad”.
Actualmente, Blanca milita en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) – entidad en la que participa desde su fundación – y en la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas (Anmuci), realizando debates en escuelas y universidades para “combatir el terrorismo de estado y defender los derechos humanos”.
“Necesitamos cambiar este país y para eso necesitamos la unidad y la movilización de todos. No podemos dejarnos intimidar. Somos muchas mujeres las que a lo largo del tiempo hemos recibido amenazas y persecuciones. Como resultado, algunas se fueron a Canadá, España y otros países. Yo no, porque luchar es una forma de que jóvenes como Irina sigan viviendo en la Colombia que está surgiendo”, concluyó.