A punto de cumplir 40 años de actividades, la Escuela Nacional Sindical de Medellín, Colombia, merece todos los laureles y reconocimientos por los servicios prestados durante las últimas cuatro décadas. ¿El motivo? La Escuela está ubicada en una ciudad donde surgió el paramilitarismo en el país y donde nació Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano que consolidó un modelo de promiscuidad explícita entre Estado, narcotraficantes y bandas criminales, haciendo cotidiano las masacres y asesinatos por motivos políticos.
FELIPE BIANCHI E LEONARDO WEXELL SEVERO / COMUNICASUL
TRADUCCIÓN: MAURICIO AVILE ALVAREZ
Para hablar de este difícil contexto y compartir la experiencia de resistencia de la Escuela Nacional Sindical (ENS), su director general, Carlos Julio Díaz Lotero, recibió al equipo de periodistas brasileños de ComunicaSul, este lunes (23), en su sede. en la capital de la región de Antioquia.
La ENS funciona en la misma línea que el Dieese brasileño (Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos), pero va más allá: es un centro de estudio y evaluación, que brinda asesoramiento jurídico, formación político-ideológica y negociación colectiva a los trabajadores.
“En nuestro país tenemos un modelo de desarrollo económico profundamente opuesto a los trabajadores, porque no genera empleo ni ingresos. Prueba de ello es que en el pasado la economía, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 10,6%, pero esto no tuvo ningún impacto en la creación de nuevos puestos de trabajo”, explica Carlos Julio.
El paralelo con la situación actual de Brasil, después de las reformas laborales y de seguridad social, es inevitable. “Tenemos un alto grado de precariedad laboral, sin derechos y una enorme informalidad”, subraya. “Muchos trabajadores del propio sector formal ni siquiera tienen derecho a la negociación colectiva ni a vincularse a un régimen contributivo de seguridad social”.
Según el dirigente, son muchas las normas que sigue la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero hay un desfase entre tales disposiciones y la práctica diaria de los empresarios y el Estado en materia laboral: “Aquí se vendió la idea de que si tienes la necesidad de trabajar debes renunciar a tus derechos. Y si reclamas tus derechos, debe renunciar a su trabajo. En otras palabras, no puede haber trabajo con derechos. Este es el libreto impuesto. Y la economía se basa en un concepto de competitividad en el trabajo sin derechos, en el trabajo sin sindicatos para garantizar el empleo”.
Conforme destaca Carlos Julio, el poder económico considera que la reivindicación de derechos afecta la competitividad del país en el mercado mundial. “Necesitamos definir qué entendemos por competitividad, por el significado de la propia economía, de cómo conciliar y resolver problemas. Es posible que a los empresarios les vaya bien, pero a los trabajadores también les va bien. Porque lo que pasa es que cuando a los empresarios les va bien, a los trabajadores les va mal”, analiza.
Violencia y heroismo
En Antioquia hubo un gran desarrollo de la economía, con los primeros pasos de la industrialización, lo que le dio un gran dinamismo a la economía minera y agroexportadora, particularmente a la producción de banano, explica el dirigente.
“Esto generó una base sindical muy fuerte, impulsando sectores democráticos y de izquierda que llegaron a ocupar cargos importantes en diferentes municipios”, señala. “Como reacción a estos avances democráticos y al movimiento social y sindical, los grupos armados de extrema derecha iniciaron una política de exterminio”.
“La Unión Patriótica (UP), partido de izquierda surgido de los acuerdos firmados por el presidente Belisario Betancur (1982-1986) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue prácticamente exterminado”, recuerda. Entre 1985 y 1990 fueron ejecutados más de cinco mil miembros de la UP. “La mayoría de estas víctimas murieron en esta región, que también representa el 40% de todos los incidentes de violencia contra el movimiento sindical. Este es un estado en el que las élites políticas, la clase empresarial, estuvieron muy ligadas a la promoción y fortalecimiento de esta estrategia armada de exterminio”.
Carlos Julio recuerda un episodio del que fue testigo presencial para ejemplificar el funcionamiento de este sistema: “Yo estaba en una negociación bananera en la que los empresarios, cuando iban a negociar el costo de la caja de esta fruta, incluían en la estructura de costos 20 centavos de dólar destinados al financiamiento de grupos paramilitares. La situación llegó a tal punto que una multinacional estadounidense, Chiquita Brands, pagó una multa en Estados Unidos tras reconocer que entregó dinero a estos grupos como estrategia para limitar la acción de los sindicatos y las fuerzas democráticas en Colombia. La multinacional pagó esta multa en EE.UU. y no en Colombia, que es donde quedaron los muertos”.
“Pero aquí no fue posible que el empresariado reconociera su responsabilidad en las negociaciones de paz con las FARC. Llegamos a los que ejecutaron, pero no a los que determinaron esta cultura de la muerte”, añade. “Los asesinatos han disminuido, pero las amenazas aumentan. El impacto que esto tiene en el mundo sindical es grande. Hay un nuevo ciclo de violencia porque el gobierno no ha cumplido el Acuerdo de Paz con los que depusieron las armas”.
Medios de comunicación y la sabotaje a los trabajadores
“En un sistema democrático, es fundamental definir el papel de los medios de comunicación. No solo constituyen, sino que construyen la opinión pública”, destaca el líder antioqueño. Esto se debe a que, según él, en Colombia prevalece la máxima de que “no hay opinión pública, sino opinión publicada”, ya que “la opinión pública es construida de manera distorsionada por los grandes medios de comunicación”.
Al denunciar el papel de los medios dominantes, Carlos Julio pone los puntos sobre las íes: “Estamos hablando de los diarios El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, la Radio y Televisión Caracol, RCN… En fin todos los que están articulados de forma unísona con el gobierno, vendiendo el mismo mensaje sobre el problemas políticos del país.”
De cara a la elección presidencial que se llevará a cabo el domingo 29 de mayo, Carlos Julio comenta el papel que juegan estos medios de comunicación partidarizados en la contienda que puede, por primera vez en la historia del país, consagrar fuerzas de izquierda en el poder. “Hay una campaña de mucha desinformación en relación al candidato Gustavo Petro (Pacto Histórico) y algo se hizo también en ese sentido contra Sergio Fajardo (Centro Esperanza), tratando de mostrarlos como candidatos del comunismo internacional, como comandantes castro-chavistas, que van a expropiar a los trabajadores, les quitarán las pensiones, que asaltarán las propiedades de las empresas y dejarán el país bajo el control de un solo Estado totalitario, en el que no hay libre empresa ni autonomía ni libertad de pensamiento”, ironiza.
“Entonces hay una situación muy compleja en la forma en que los medios de comunicación han tratando agresivamente, creando muchas mentiras y falsificaciones sobre candidatos de izquierda o cualquier variante democrática, poniendo palabras en boca, propuestas que no abrazan o tergiversando sus programas”, dice.
“Claro que esto afecta a la democracia”, continúa, argumentando que es importante que los medios de comunicación actúen con independencia y equilibrio. “Lo que tenemos actualmente es una opinión pública manipulada, desinformada y asustada para votar por un candidato en particular”.
“Este tema es parte del futuro del país, un país que debe entender que la democracia también tiene que ver con un ambiente mediático democrático”, defiende Carlos Julio. “Es un tema clave no solo para Colombia, sino para toda la agenda latinoamericana”, concluye.
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