Pérdidas económicas por más de US$ 1.200 millones, violaciones, muertos, cientos de heridos, incendio, destrucción y robo al patrimonio de entidades populares fue el resultado de los 36 días de paro y bloqueos impuestos por fascistas en el Departamento
LEONARDO WEXELL SEVERO, Hora do Povo – de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia
Era viernes 11 de noviembre de 2022. El anciano, Sebastián Canaviri Alvares, había llegado de la región rural para el tratamiento en el hospital de un síndrome de su hija sordomuda, cuando vio a las hordas fascistas cerca de la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos del Departamento de Santa Cruz. “Eramos unas 70 personas dentro del alojamiento. Mi hija estaba conmigo. Vi como llegaban muchedumbres armadas a matar, tirando bombas y dinamita, incendiando las instalaciones de la entidad. Tuvimos que salir corriendo por la puerta del fondo para sobrevivir”, dijo Sebastián.
Embarazada, Ivanosca Terán Montaño también se quedó en la sede, junto a sus dos hijos pequeños, cuando tuvieron huir para evitar ser víctimas de los terroristas. “Necesitamos dejar absolutamente todo y huir solo con la ropa que teníamos puesta, que es la que estoy usando en este momento. Sucedió muy rápido. Nuestros colchones, toallas, celular, todo fue quemado”, lamentó.
Los dirigentes de la Federación Campesina, Crisóstomo Galarza, Edwin Arce Cadima y Pedrillo Ortiz Montaño, dijeron que los policías fueron hostigados y no pudieron siquiera superar los bloqueos hechos por las milicias del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. [En Bolivia la Policía es nacional]. “Cuando llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde, convertidos en ruinas y cenizas. Todo ya se había vuelto polvo”, relató.
La agresividad y crueldad de los antisociales, pagados por los grandes terratenientes contra los trabajadores rurales, es resultado de la impotencia ante de la exitosa política del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), particularmente de los avances obtenidos en el proceso de regularización de tierras, que se completará en 2025 .
“EL CENSO ERA UNA CORTINA DE HUMO”
El mismo viernes, de forma idéntica otras bandas atacaron la Central Obrera Departamental (COD), dirigida por Rolando Borda, quien fue amenazado de muerte e inclusive, ofrecieron dinero por su cabeza. “Usaron el Censo de Población y Vivienda como cortina de humo para tratar de desestabilizar el gobierno del presidente Luis Arce. Lo que buscaban con ese acto de terrorismo era un nuevo golpe de Estado, igualito al que hicieron en 2019”, condenó Borda.
El sindicalista aclaró que “es obvio que ya sabían que no se podía hacer el censo en 2023”. Primero, dijo, “por el golpe que ellos mismos dieron al colocar a Jeanine Áñez, como títere, al frente de su gobierno”. Después, agregó, “por la pandemia del Covid-19, que nos costó muchas vidas por la absoluta ineficacia con que actuaron y la apropiación criminal de los recursos de Salud”.
Jeanine Áñez se encuentra tras las rejas, cumpliendo una condena de 10 años en la cárcel de mujeres de La Paz. El entonces ministro de Salud, Marcelo Narvajas, fue detenido por la compra a un precio excesivo de 170 ventiladores pulmonares, cuestionados por entidades médicas por ser totalmente inadecuados para combatir la pandemia. Prófugo de la justicia boliviana, el exministro del Interior de Áñez, Arturo Murillo, está preso desde noviembre de 2020 en Estados Unidos, acusado de cohecho y lavado de dinero por delitos contra el país del Norte.
PETROLEO NACIONALIZADO REDISTRIBUYE LA RIQUEZA
La verdad, aclaró Borda, “es que los golpistas, defensores del desgastado neoliberalismo, no aceptan el nuevo modelo económico social, productivo y comunitario, rechazan la nacionalización del petróleo y el gas, que posibilitó la existencia de un proyecto de desarrollo y de programas sociales que redistribuyen la riqueza nacional”. Entre otras “contribuciones” que ha entregado el gobierno del Movimiento Al Socialismo –Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) está el Juana Azurduy –para jóvenes embarazadas y bebés hasta los dos años–, el Juancito Pinto – para mantener a los niños en la escuela – y Renta Dignidad – dirigidos a personas mayores que no tienen otra fuente de ingresos y personas con discapacidad.
“Los vendidos querían que nuestros bienes quedaran en manos de cárteles extranjeros, por eso odian la industrialización del litio, las inversiones en ciencia y tecnología. Querían seguir parasitando estos recursos, manteniéndonos dependientes, como siempre lo han hecho a lo largo de la historia”, agregó.
Pasé por la sede de la Central Obrera y vi la magnitud de la devastación causada por los fascistas: equipos médicos y odontológicos robados, una farmacia destruida, empleados afligidos sin saber el motivo de tanta aversión a quienes más lo necesitan. “Esto aquí era de todos. Cuando había algún problema, la persona y su familia venían al COD para ser atendidos”, declaró una trabajadora, mientras barría los escombros y vidrios rotos que dejó la horda.
GOLPISTAS TIENEN APOYO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORRUPTOS
Durante todos los días que duró el “paro” –como llamaron pomposamente a la acción golpista la extrema derecha y sus medios de comunicación–, la Casa de la Mujer, institución que presta servicios relevantes para la lucha contra la violencia, fue blanco de presiones y chantajes. Sus dirigentes fueron constantemente amenazadas. Bombas y cohetes pirotécnicos estallaron alrededor de la sede, amenazada de invasión por hombres enmascarados vestidos de negro con cruces estampadas en la espalda, al estilo del Ku Klux Klan.
La rabia tiene un componente sexista latente: en Bolivia, las mujeres ganaron 20 de los 36 escaños del Senado (56%) y 62 de los 130 de la Cámara (48%). La política de “paridad y alternancia” implementada por el MAS-IPSP ha colocado al país andino en el podio de la representación femenina en el parlamento.
Integrante de la Asociación de Familiares y Mártires de la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) y de la Plataforma de Lucha contra la Violencia a las Mujeres, Noemy Soto es una de las muchas bolivianas que no bajaron la cabeza ante tanta crueldad, honrando la memoria del padre caído en la lucha por la democracia y la soberanía.
Activa, de la misma manera que exige justicia para las víctimas del gobierno del general que, con el ostensible apoyo de Estados Unidos, “torturó, asesinó y desapareció a patriotas bolivianos”, Noemy Soto denunció los 36 días que estuvo encerrada amenazada por la “tropa de choque del gobernador”. “Tengo una pequeña tienda y, como no podía ir al centro a comprar suministros, tenía que pagar el doble del precio de los productos y así tratar de sobrevivir. Todo se volvió mucho más caro y mucha gente se quedó sin trabajo. Las cosas se pusieron muy difíciles”, dijo.
“Impusieron un secuestro domiciliario, un estado de odio e irrespeto que profundizó el resentimiento. Las tropas mercenarias fueron atraídas por la euforia y el dinero, siendo lanzadas como barras bravas contra su propia gente”, dijo. La señora denunció que “en este clima insalubre de psicosis colectiva, una joven fue dopada y abusada sexualmente en uno de los bloqueos”, lo que se sumó a otras innumerables denuncias de crímenes. En dos de estos bloqueos, personas que regresaban del trabajo en sus motocicletas tuvieron las gargantas cortadas por alambres, imposibles de detectar por la poca luz a avanzadas horas de la noche.
Durante el período que duró la “paralización”, “cuando intentaron dividir a Bolivia enfrentando la parte oriental con el conjunto”, resaltó Noemy, además de la tragedia social de los cuatro muertos y cientos de heridos en los enfrentamientos, las pérdidas económicas superaron los US$ 1.200 millones. La cifra es extraordinaria en un país cuyo Producto Interno Bruto (PIB) fue de US$ 40.400 millones en 2021. Con la pérdida, se proyecta que Bolivia tardará al menos cuatro meses en recuperar su economía.
“Así como luchamos por la justicia y contra el olvido, levantaremos la voz para que Camacho y sus milicias paguen por cada uno de los crímenes cometidos”, concluyó Noemy.
Tradução: Mauricio Jose Avilez Alvarez