Miembro de la Asamblea Nacional y destacado abogado ecuatoriano afirma que “el encarcelamiento arbitrario de la candidata del movimiento Revolución Ciudadana a la presidencia de la República es una maniobra del gobierno de Daniel Noboa para desviar el foco de la crisis”
LEONARDO WEXELL SEVERO
¿Cuál es el significado del encarcelamiento de Luisa González y el verdadero objetivo de esta persecución?
Ante todo, hay que entender el contexto. El domingo 29 de noviembre habrá elecciones locales, y el gobierno de Daniel Noboa está muy afectado por sus bajísimos índices de popularidad y su altísimo rechazo. Son elecciones intermedias para provincias y municipios en las que los candidatos oficialistas no cuentan con apoyo popular.
La detención de Luisa cumple dos objetivos. El primero es desviar la atención de la grave situación económica en la que se encuentra sumido el país, pues, a pesar de la dolarización, la inflación ha subido y el desempleo está en alza. La canasta básica cuesta cerca de 900 dólares y el salario mínimo ronda los 480.
El segundo objetivo es contener la movilización popular, ya que la indignación con el régimen neofascista y su sumisión al gobierno de los Estados Unidos va en aumento.
El problema es que, en este momento, el gobierno controla todas las funciones del Estado, incluido el parlamento, donde su mayoría actúa ignorando por completo la Constitución, comprometiendo gravemente el proceso electoral.
¿De qué exactamente se acusa a Luisa?
Armaron un proceso y fabricaron una acusación de lavado de dinero sobre la campaña de 2023. Es importante subrayar que esa cuestión de la gestión de los recursos ya fue resuelta y sancionada en la esfera administrativa, y pagamos una multa bastante elevada. El asunto ya fue juzgado por la justicia electoral. Hay además una asimetría: opositores están en prisión preventiva, mientras que otras figuras políticas con sentencia condenatoria firme permanecen en libertad.
Según las numerosas denuncias que hemos recibido, su caso no es aislado.
Exacto. La persecución recae de forma preferente sobre los militantes y dirigentes de la Revolución Ciudadana. Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, fue capturado en la embajada de México, donde se encontraba asilado, lo que viola tratados internacionales. Está en una cárcel de máxima seguridad, sin visitas, 23 horas al día en la celda, sin la debida asistencia médica, y ha perdido mucho peso. El alcalde Aquiles Álvarez, de Guayaquil, la ciudad más grande del país, también está en prisión preventiva, en la misma penitenciaría.
¿Cuál es el impacto de este clima de persecución en las elecciones?
Como organización, la Revolución Ciudadana ni siquiera pudo participar directamente, pues fuimos sancionados por el órgano electoral y tuvimos que hacer alianzas con otras agrupaciones. Es el caso de Pabel Muñoz, alcalde de Quito, que busca la reelección y, según todas las encuestas, es el favorito. El gobierno de Noboa dirigió su artillería contra él, con falsas acusaciones. Además, la contienda, que normalmente se celebra en febrero, fue adelantada a noviembre, precisamente para impedir la participación de las principales fuerzas de oposición.
¿Qué está en juego?
Están en disputa 21 gobiernos provinciales (estatales), cerca de 220 alcaldías y alrededor de 800 juntas parroquiales (nivel más local y descentralizado de la administración pública, con autonomía política, administrativa y financiera).
¿La persecución afecta solo a los «correístas»?
No. El gobierno intenta construir esa narrativa, pero todo opositor es blanco. Las cuentas bancarias del candidato del Partido Socialista en Guayaquil fueron congeladas. Los periodistas son perseguidos independientemente de su línea editorial, como Gisella Bayona, Fabricio Vela, María Sol Borja, Hernán Higuera y Roberto Aguilar. El diario Expreso, con unos 60 años de existencia, tuvo que cerrar su edición impresa por presión del gobierno, que le impide recibir publicidad, tanto del sector público como del privado. Los activistas sociales también sufren represión, porque el gobierno controla todo el sistema de justicia.
¿Cómo está la seguridad pública?
Los decretos de «Estado de Excepción» violan derechos individuales y no han surtido efecto: las muertes violentas siguen aumentando. Vivimos en una sociedad altamente militarizada, con cerca de 53 casos registrados de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de las fuerzas públicas, principalmente de las Fuerzas Armadas. El caso más emblemático es la desaparición forzada y el asesinato de los cuatro niños del barrio Las Malvinas, en Guayaquil, en diciembre de 2024.
Este miércoles (28), organizaciones de la sociedad civil llevaron esa preocupación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Ciudad de Panamá. Está por entrar en vigor un nuevo toque de queda en algunas provincias, entre ellas Manabí, donde vivo. Mientras tanto, el flujo de drogas por los puertos no hace más que aumentar, muchas veces en contenedores de banano, producto vinculado a las empresas familiares del presidente Noboa.
¿Y cómo se encuentra la situación de la salud, la educación y la infraestructura del país?
Estamos en época de lluvias, agravada por el fenómeno de El Niño, y el gobierno no tomó ninguna precaución. Al contrario, quitó fondos a los hospitales: recortó del presupuesto público cerca de 75 millones, de un total de 1.082 millones de dólares. El Hospital Eugenio Espejo, el más importante del Ministerio de Salud, quedó con menos del 30 % del presupuesto anterior, y el de especialidades de Portoviejo, con menos del 27 %. Este gobierno neoliberal pretende privatizar la salud y la educación públicas. La red vial está muy deteriorada, y la situación empeora cada día. Hay una ausencia total de inversión en obras públicas.
¿Mientras tanto, aumentan las denuncias de corrupción?
Es lo que el gobierno intenta ocultar. En el caso ATM, se compraron generadores eléctricos por cerca de 160 millones de dólares a dos empresas, una estadounidense y otra uruguaya, que entregaron chatarra. Está también el caso Progen. El Ministerio de Salud contrató a la italiana Dalus por 240 millones de dólares para un software de programación de citas médicas, que hasta ahora no funciona. Las contrataciones se ocultan a través de empresas estatales y no aparecen en los portales públicos.
¿Qué peso tienen Marco Rubio y el gobierno de los Estados Unidos en este proceso?
Recibimos con alegría la victoria del presidente Lula, que abre nuevas perspectivas para América del Sur. En cuanto a las elecciones del 3 de noviembre en EE. UU., ojalá cambie la correlación de fuerzas en el Congreso, porque Ecuador forma parte del “Escudo de las Américas” y la política exterior del gobierno de Trump es conducida por Rubio, desde el Departamento de Estado. Un ejemplo reciente de esta sumisión fue la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Ecuador votó a favor del bloqueo a Cuba, país que siempre nos ha ayudado con brigadas médicas para mejorar las condiciones de pobreza de nuestra gente. Eso nos avergüenza como ecuatorianos.
Noboa renunció a la soberanía nacional en función de los intereses de Trump.
Denunciamos ese nivel de sumisión servil. El artículo 5 de la Constitución prohíbe las bases militares extranjeras y el uso de nuestras bases al servicio de otros países, pero nuestras bases aéreas están siendo utilizadas por el ejército estadounidense. Pescadores ecuatorianos fueron bombardeados por la Marina de EE. UU. en Manabí, nuestro mar. Este gobierno, lejos de censurar o cuestionar tales acciones, termina apoyando y aplaudiendo la prepotencia. Por lo tanto, la situación es extremadamente crítica. Se inserta en esa corriente neofascista que recorre el continente: los opositores políticos son perseguidos, no hay garantías constitucionales ni derechos, y vivimos permanentemente como rehenes de esa política de miedo y persecución impuesta por el régimen.
El gobierno también adquirió, y lo estamos confirmando, el programa Pegasus —un poderoso software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group—, no para combatir el crimen organizado, sino para perseguir a opositores, en una clara política de terrorismo de Estado.
¿Cómo hacer frente a este escenario de horror?
Los medios alternativos en Ecuador, particularmente los digitales, han sido los portavoces de la oposición y del pueblo, porque en los medios tradicionales, vinculados a los grupos financieros y a las transnacionales, siempre somos vetados. El gobierno controla los grandes medios y cualquier medio crítico es perseguido.
De ahí la relevancia de poder contar con el apoyo de medios como el de ustedes para hacer un contrapunto al oscurantismo y al silencio, posibilitando el acceso a la información veraz y alimentando el combate a la política de la derecha internacional, del sionismo y del trumpismo. Tengo la convicción de que, fortaleciendo la organización y ampliando la movilización popular, como lo hicieron los brasileños, seremos victoriosos.
HORA DO POVO